Auditoría de la Contraloría sobre la gestión del proyecto de infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito (Fideicomiso Judesur/BCR)

La Contraloría General de la República (CGR) auditó la gestión que realizó la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur) sobre el proyecto de infraestructura del Depósito Libre Comercial de Golfito ejecutado mediante el Fideicomiso Inmobiliario Judesur/BCR. La auditoría concluye que la gestión incumplió aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable y que la inversión realizada no se ha traducido plenamente en aprovechamiento y valor público esperados. Fuente: Contraloría General de la República (informe DFOE-CAP-IAD-00002-2026, 27 de agosto de 2026).\n\nA quién afecta y qué hace falta: Afecta principalmente a Judesur como entidad responsable del proyecto y, por extensión, al patrimonio público y a los programas sociales que financia Judesur con los ingresos del Depósito Libre Comercial de Golfito. El informe identifica que Judesur no contó con suficiente sustento técnico, financiero y documental para justificar el proyecto, no supervisó de forma independiente las obras durante el fideicomiso y no organizó la puesta en operación y protección patrimonial de los activos al finalizar el fideicomiso.\n\nHechos y cifras clave: El proyecto partió con una reserva presupuestaria inicial aprobada por la Junta Directiva de ₡5.000 millones; la Contraloría registra una inversión total realizada de ₡6.638,32 millones (inversión inicial más intereses). El alcance previsto incluía 14 locales comerciales, un edificio administrativo y la modernización del sistema eléctrico. No se construyó el edificio administrativo; se rehabilitaron 8 de los 14 locales; los ocho locales nuevos permanecían sin operar al cierre de la auditoría. El informe estima un costo de oportunidad de ₡342,78 millones al 30 de junio de 2026 por esos locales sin operar. Entre 2015 y 2022, Judesur desembolsó al menos ₡882,28 millones en indemnizaciones judiciales relacionadas con concesionarios.\n\nProblemas en cada fase del proyecto: En preinversión, faltó un expediente técnico integral y no se justificaron debidamente la necesidad, viabilidad y los montos estimados (por ejemplo, ₡3.415,9 millones como estimado para edificio administrativo, locales, quioscos y sistema eléctrico) ni la decisión de usar un fideicomiso ni la selección del fiduciario (Banco de Costa Rica) con criterios técnicos documentados. En inversión, los informes de supervisión contratados por el BCR detectaron deficiencias (resistencia del concreto, problemas de compactación, filtraciones en tanque) que Judesur no verificó de forma independiente antes de la recepción; aun así Judesur aceptó la recepción final el 12 de agosto de 2025. En postinversión, falta un plan de transición para poner en operación los activos: no hay plan formal de mantenimiento, no están los planos As-Built completos ni manuales de operación, existen fallas electromecánicas pendientes (bomba contra incendios, tablero de casa de máquinas, luminarias) y los activos no están incorporados en la matriz institucional de riesgos (SEVRI). Contablemente, existen montos en cuentas transitorias por ₡4.558,69 millones y un saldo pendiente de conciliación de ₡948,27 millones en la Caja Única del Estado.\n\nCondiciones, límites y riesgos: La auditoría documenta que las deficiencias no son incidentes aislados sino problemas extendidos que afectaron la selección del mecanismo, la ejecución, la recepción y la transición a la operación. Los hallazgos se limitan al período auditado (16 de febrero de 2017 al 15 de julio de 2026, con antecedentes desde 9 de abril de 2001) y a la documentación y actos revisados por la CGR; el informe señala donde la evidencia documental fue incompleta (por ejemplo, expediente digital incompleto y falta de detalle sobre indemnizaciones). La CGR advierte que si no se corrigen las debilidades existe riesgo de decisiones de inversión sin sustento, subutilización de infraestructura, responsabilidad contable y financiera y eventual afectación de la sostenibilidad de los programas que financia Judesur.\n\nAcciones ordenadas por la Contraloría y plazos: La CGR impone cuatro disposiciones obligatorias dirigidas a la Directora Ejecutiva de Judesur (o quien ocupe el cargo): D1) Definir, oficializar, divulgar e implementar un mecanismo obligatorio que regule el ciclo de vida de los proyectos de inversión de Judesur; entregas: certificación de definición y divulgación antes del 15 de febrero de 2027, e informe de avance antes del 30 de julio de 2027. D2) Definir, oficializar y poner en marcha un Plan de transición, regularización operativa y protección patrimonial para los ocho locales, el sistema de protección contra incendios y el sistema eléctrico; entregas: certificación del Plan el 26 de febrero de 2027 y informe de avance el 30 de junio de 2027. D3) Concluir el cierre técnico y la regularización contable y patrimonial del fideicomiso, incluyendo una valoración técnica independiente y conciliaciones; entregas: certificación de la valoración técnica el 15 de diciembre de 2026 y certificación de cierre y regularización el 26 de febrero de 2027. D4) Elaborar y presentar a la Junta Directiva una propuesta de Plan para utilizar los recursos remanentes resultantes de la liquidación del fideicomiso; entregas: certificación de presentación del Plan antes del 31 de marzo de 2027 y certificación de seguimiento del trámite antes del 31 de agosto de 2027.\n\nLimitaciones de la evidencia y advertencias: La explicación se basa únicamente en el informe público de la Contraloría (CGR) referenciado. El propio informe señala documentación incompleta en algunos expedientes, la ausencia de pruebas independientes en ciertos momentos y la falta de información detallada sobre algunos desembolsos e indemnizaciones; por tanto, donde el informe indica ausencia o insuficiencia de información se ha mantenido ese límite y no se asumen ni se agregan hechos adicionales.\n\nResponsabilidad y seguimiento: La CGR recuerda que las disposiciones son de cumplimiento obligatorio y que su incumplimiento puede ser causal de responsabilidad. La Contraloría se reserva verificar la implementación efectiva de las disposiciones y valorar responsabilidades en caso de incumplimiento. La entidad señalada como responsable explícita en el informe es la Directora Ejecutiva de Judesur (o quien ocupe la posición).